"La policía encontró a Isabel con un hilo de vida y cubierta de sangre el pasado mes de junio cuando Antonio B.B., de 49 años, creyendo cumplido su objetivo, se entregó a la policía. Entonces Antonio anunció que volvería a intentarlo. Y lo consiguió; Isabel ha muerto estrangulada, después le clavó un destornillador en el estómago. Tras perpetrar el anunciado crimen, Antonio, con absoluta frialdad, se dirigió a la policía de Alcalá de Guadaira."

Esta noticia publicada en el diario El Mundo en octubre de 1999 es uno de los 45 desgraciados relatos de violencia doméstica que con resultado de muerte se dieron en ese año. También puede ser el ejemplo de una de las 75 mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2007. La proporción es clara: en menos de 10 años se ha incrementado el número de asesinatos de género en más de un 50%.

Este alarmante incremento nos indica que ya no podemos hablar de "malos tratos" o “violencia de género” para definir este terrible fenómeno social, pues ambos conceptos son insuficientes para explicar el origen, las consecuencias, los devastadores traumas que sufren las víctimas o la misma tipología psíquica de sus criminales. Es hora de aceptar sin complejo alguno que nos encontramos ante un verdadero fenómeno de crimen de género, con total independencia de que tenga o no resultado de muerte y, por su puesto, con total independencia del grado de daño físico o psíquico producido. Y digo esto, porque violencia es aquella acción y efecto de violentar, mientras que crimen engloba en su genérico todo delito grave.

Acaso no es un crimen que la desesperación sufrida por la víctima sea el detonante de la denuncia de la situación padecida. Es que no es un delito grave la falta de libertad que en todos los sentidos sufren las mujeres maltratadas. Es crimen o violencia toda agresión psíquica o física continuada de tal grado que genera en la víctima el terror suficiente para impedirle ejercer cualquier mínimo de sus derechos. Es crimen o no es crimen que el autor se aproveche de la situación de desamparo o indefensión que genera “per se” cualquier agresión aplicada al que, por razones de cualquier índole, se encuentra en una situación de dependencia o inferioridad.

Como ejemplo de lo dicho, sólo hemos de releer el caso con el que inicio el artículo. Aunque es imposible imaginarse, ni tan sólo por un momento, la situación de impotencia e indefensión que padeció la víctima, podemos entender con meridiana claridad que nuestro sistema falló. Falló no por que impidiese el asesinato final de la víctima, que también, sino porque fue incapaz de oír la gravedad de las numerosas denuncias que desde hacía años venía interponiendo.

La falla que muestra en muchos aspectos nuestro actual Estado democrático y de Derecho, nuestro Estado del bienestar, nuestro Estado garanticista de la seguridad material y jurídica es de tal talla que precisa una urgente revisión. Sin embargo, ningún gobierno ha sido capaz de hacer un verdadero análisis de esta lacra. Y lo que es peor, el oportunismo político ha acallado las voces, tanto sociales como de doctrina jurídica, que reclaman un cambio legislativo penal.

Sólo cuando seamos capaces de entender que no estamos ante delitos violentos o de simple maltrato, sino ante verdaderos delitos graves, ante auténticos crímenes cometidos contra un sector social desfavorecido por razón de su sexo, seremos capaces de establecer medidas penales de prevención y sociales de protección e igualdad suficientes.

Creo que UPyD será capaz de regenerar nuestra democracia, de adaptarla a la realidad socio-económica y cultural de la sociedad a la que sirve, y ello pasa por la adopción de efectivas medidas que vayan mucho más lejos que el simple electoralismo de reforzar las líneas del teléfono de atención 016.

Juan López Muñoz