MARÍA JESÚS CAÑIZARES. BARCELONA
El Parlamento catalán aprobó ayer la nueva ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), sustituta de la anterior ley de la Corporación Catalana de Radio y Televisión y que contempla el catalán como única «lengua institucional» en la televisión y la radio autonómicas.
A pesar de que el Consejo Consultivo, órgano encargado de velar por la constitucionalidad de los proyectos de ley catalanes, había puesto objecciones al apartado donde se regula el uso de la lengua, la nueva normativa fue aprobada con los votos de los grupos que forman el Gobierno tripartito -PSC, ERC e ICV- y de CiU. PP y Ciutadans-Partido de la Ciudadanía votaron en contra del texto por entender que el castellano queda erradicado de los medios públicos catalanes.
«Racismo cultural»
El diputado del PP, Santiago Rodríguez, cuestionó la base jurídica de la expresión «lengua institucional», mientras que el representante de Ciutadans, Antonio Robles, habló de «racismo cultural», con la consiguiente reprimenda del presidente de la Cámara catalana, Ernest Benach.
Los impulsores de la ley destacaron como principal novedad la independencia que se otorga a la Corporación, cuyo equipo directivo no será elegido por el Gobierno catalán, sino por el Parlamento. Así, el actual consejo de administración será sustituido por un consejo de gobierno de doce miembros elegidos por una mayoría de dos tercios del Parlamento catalán. El presidente de este consejo, cargo equivalente al actual director general, también será elegido por una mayoría de dos tercios de la Cámara catalana.
Se mantiene la figura del director general, nombrado por el consejo de gobierno mediante convocatoria pública previa entre profesionales con prestigio y competencia reconocidos. Los consejeros y su presidente tendrán un mandato de seis años, y cada tres años se renovará la mitad de los miembros del consejo.
Más atribuciones para el CAC
La ley otorga importantes atribuciones al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), que a partir de ahora verificará la idoneidad de los candidatos a formar parte del consejo de gobierno y emitirá un informe al respecto. Por contra, la publicidad institucional en los medios públicos no estará sometida a la autorización previa del CAC.
Uno de los puntos más espinosos del proceso de negociación entre los partidos fue determinar las mayorías necesarias para aprobar decisiones determinantes. Finalmente, el contrato-programa y el nombramiento del director general exigirá una mayoría de dos tercios del consejo de gobierno, mientras que otras decisiones como los presupuestos de la CCMA se aprobarán por mayoría simple si no se alcanza la mayoría cualificada en las dos primeras votaciones.
La ley también contempla la creación de un Consejo Asesor de Contenidos y Programación, que estará integrado por 16 miembros.