Clemente Polo
10 junio 2008
El pasado 27 de mayo, publicó El País una carta al director, escrita por Doña Isabel F. del Castillo Saínz titulada, “La igualdad mal entendida”, que enmendaba la plana a la Vicepresidenta Primera del Gobierno de España, Doña Teresa Fernández de la Vega. La carta no tiene desperdicio y considero que vale la pena reproducirla en su integridad, si bien me he tomado la licencia de subrayar en negrita algunas frases que me han parecido especialmente acertadas. He aquí el texto completo que, por cierto, supera ampliamente el límite de 15 líneas mecanografiadas marcado por el editor:

“Dice la ministra Fernández de la Vega que reincorporarse al trabajo después de seis semanas de baja maternal (a propósito de la decisión de la ministra de Defensa) es "un modelo a seguir". Y yo me pregunto: ¿desde qué punto de vista? Psicológicamente, y, más aún, en los primeros tiempos, el vínculo madre-bebé no es igual que el vínculo padre-bebé. Para nada. Aunque sea políticamente incorrectísimo. Lo siento.
Eso sin mencionar el pequeño detalle de la lactancia materna, que debería ser una prioridad de salud pública. Cuando estamos ante un tema de la trascendencia de la maternidad, es importante encontrar otro lenguaje para hablar de la igualdad hombre-mujer, ya que si se hace en unos términos tan lineales y reduccionistas, corremos el riesgo de dejar fuera de la ecuación al bebé, cuyas necesidades -por lo que se ve- al sistema le importan bien poco.
Tener en cuenta las necesidades del bebé no significa dar un paso atrás, significa tener a todos en cuenta, incluido al eslabón más débil, el más necesitado, el que no se puede defender.
Los países más avanzados en materia de derechos de la mujer y de la infancia son también aquellos en los que la mujer juega un papel más activo, tanto social como políticamente. Suecia, por ejemplo, tiene 64 semanas de baja maternal; Noruega, 52; Dinamarca 50; Finlandia, 44. Estos países han comprobado que invertir en promoción de salud -física y mental- acaba por resultar más lógico, más justo... y a la larga más económico. Esos países sí son un modelo a seguir.
En el polo opuesto tenemos a Estados Unidos, donde la baja maternal como tal no existe. Casualmente, EE UU es también el país que vive más a la defensiva, el más violento del mundo, un país donde las escuelas se han visto obligadas a instalar detectores de armas. Hoy se sabe que el vínculo madre-hijo es el sustrato de la misma capacidad de amar, de convivir. Apoyarlo o no tiene una profunda trascendencia social.
No, señora Fernández de la Vega, volver a trabajar a las seis semanas de ser madre no es un modelo a seguir, es una elección personal sobre la que no opino. Pero recomendarlo públicamente... me parece que es no entender nada, y es utilizar a una ministra en concreto para dar una imagen de modernidad falsa y muy mal encaminada.”

¿Habrá leído la carta la Vicepresidenta? ¿Qué contestaría el Presidente del Gobierno, adalid de la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Cómo reaccionará Doña Bibiana Aído Almagro, responsable del recién creado Ministerio de la Igualdad, que hace unas semanas nos asombraba a todos al declarar en una entrevista (El País, 18 mayo 2008) su intención de convertirse en la “mosca cojonera del Gobierno”? ¡Esperemos que la Ministra, so pretexto de eliminar cualquier asomo de duda sobre el compromiso rabioso del Gobierno con la igualdad de géneros, no dedique el escaso presupuesto de su Ministerio a promocionar vuelos relámpago a Afganistán - “ida y vuelta en 28 horas y sin parada para pernoctar”-, para que las mujeres en su séptimo mes de embarazo puedan demostrar a los empresarios machistas que su avanzado estado de gestación no les impide desempeñar los trabajos más arriesgados!

En este tiempo de primacía de la virtualidad, nuestros gobernantes pueden decir enormes sandeces – y esta, constituye, sin duda, un ejemplo, sobresaliente- con toda tranquilidad, sin que ello sea causa -no de su dimisión, una posibilidad inaudita hoy día- de al menos cierto bochorno público. ¡Menos mal que todavía hay ciudadanas cuerdas, atentas y dispuestas a denunciar la ingravidez mental de las políticas aquejadas del mal de altura al que les aboca el ejercicio continuado del poder! Aunque en el caso que nos ocupa, el comentario de la Vicepresidenta tal vez haya que achacarlo, como las doctrinas sexuales de la curia vaticana, a la falta de experiencia personal en materia de lactancia.

Como la carta de Doña Isabel F. del Castillo pone de manifiesto, son otros países europeos –Suecia, Dinamarca, Islandia, Finlandia, Noruega, Alemania, etc.- los que, con Ministerio o sin Ministerio de Igualdad, promueven la igualdad efectiva de las mujeres con una legislación realmente progresista que otorga a las mujeres la oportunidad de cuidar y atender a los bebés durante la lactancia, cuando así lo desean. Y no es ninguna casualidad que en muchos de esos países, las mujeres hayan llegado a las más altas instancias del Gobierno, no por la gracia de un Presidente siempre dispuesto a medir su lanza con los malandrines que causan ofensa o daño a las mujeres, sino merced a su capacidad para ganar por ellas mismas unas elecciones presidenciales.

En el caso de las ayudas familiares, las cifras destinadas a estas políticas resultan más ilustrativas que las imaginarias batallas libradas por nuestras Administraciones contra los molinos de viento de la desigualdad de género. España es uno de los países donde menos recursos se dedican, en porcentaje del PIB, a financiar gasto social, 7 puntos por debajo de la media de la Europa de los 15 (EU15), 9 puntos menos que en Dinamarca o Francia, y hasta 6 puntos menos que en el Reino Unido. Pues bien, al bajo porcentaje de nuestra renta dedicado al gasto social, hay que sumar el desinterés manifiesto de nuestros políticos hacia la familia en tanto que institución social. Las cifras también resultan elocuentes en esta materia: nuestras Administraciones destinan únicamente el 5 por ciento del gasto social a proporcionar ayudas a la familia, frente al 12,6 por ciento de Dinamarca, o el 7,7 por ciento que dedican en media los países de la UE15.

Las cifras que acabamos de comentar ponen de manifiesto la insensibilidad y falta de visión de nuestras Administraciones ante los importantes cambios sociales que se han producido en nuestra sociedad. En ausencia de unas políticas públicas de soporte a la natalidad y la familia, el lógico deseo de la mujer de educarse y participar plenamente en la vida social y laboral, solamente se ha podido satisfacer retrasando la edad del primer embarazo y reduciendo la tasa de natalidad. Así la edad del primer embarazo ha ido aumentando en las últimas décadas hasta alcanzar 30 años -3 años más en el caso de las mujeres con educación superior-, una edad en la que la pérdida de fertilidad resulta ya apreciable y los riesgos asociados con el embarazo más elevados. Y la tasa de natalidad ha ido descendiendo hasta alcanzar 1.2 nacimientos por cada mil habitantes a finales del siglo pasado, la tasa más baja de la U.E. Las consecuencias últimas de estos cambios están todavía por llegar, pero sobre nosotros pesa la amenaza de convertirnos en una de las sociedades más envejecidas del planeta dentro de muy pocas décadas, una sociedad incapaz de hacer frente a unos gastos en sanidad y pensiones desorbitados.

Han faltado, en suma, sensibilidad y visión a todas las Administraciones desde la instauración de la democracia para poner en marcha una efectiva política de protección familiar, diseñada con el expreso propósito de hacer compatible la educación de las mujeres y su plena participación en el mercado laboral con la maternidad y la vida familiar. ¿Cómo, si se cree en la igualdad, no se ha tenido en cuenta que los horarios laborales reales –no los nominales que figuran en los convenios y en los contratos- resultan incompatibles con la atención a los niños fuera del horario escolar? ¿Cómo se ha ignorado que la unidad familiar invierte, no consume, en capital humano cuando dedica una fracción importante de su renta a la crianza y educación de los niños? ¿Cómo es posible que el gasto en servicio doméstico, indispensable en muchos casos para que los dos miembros de una familia puedan participar en el mercado laboral, no sea fiscalmente deducible de los ingresos del hogar? ¿Por qué no se trata, en suma, a la familia como a una empresa que invierte, contrata servicios laborales y produce multitud de bienes y servicios, entre ellos algunos de los más preciados, como son nuestros hijos?

Mucho camino queda por recorrer y, desde luego, la concesión de 2.500 euros a los padres cuyos hijos hayan nacido a partir del 1 de julio de 2007 -fecha establecida por haberse hecho pública la graciosa iniciativa el 3 de julio durante el debate sobre el estado de la nación en el Congreso-, ilustra a la perfección la arbitrariedad y altas dosis de improvisación que caracterizan la “política familiar” del Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero. Que al Presidente sólo se le ocurra ofrecer 2.500 euros por hijo para que haya “más familias y con más hijos” resulta, por decirlo suavemente, decepcionante. Mucho más efectiva para las familias españolas que esa ayuda singular ha resultado la llegada masiva de inmigrantes que, forzados por la pobreza a abandonar a los suyos, nos sustituyen en nuestros hogares y atienden a nuestros hijos y padres durante nuestras prolongadas jornadas laborales.

A los padres, Sr. Rodríguez Zapatero, no les basta con la visita de los reyes magos el día del nacimiento de sus hijos, por muy preciado que sea el regalo que traigan del Palacio de la Moncloa. Lo que los ciudadanos quieren es un marco legal y fiscal que les permita conciliar la formación y el desarrollo de su vida laboral con la vida familiar. ¡Ahí, queremos ver, sacando pecho, a los políticos progresistas!.

Cuadro 1
Gasto total en protección social
(En porcentaje del PIB)