Clemente Polo
18 mayo 2008
Poco después de que el Congreso convalidara el real decreto-ley que autorizaba el trasvase de agua del Ebro desde Tarragona hasta Abrera (El País, 29 abril 2008) y justo cuando arribaba al puerto de Barcelona el primer barco con agua desde Tarragona (El País, 13 mayo 2008), el aumento de las reservas de agua contabilizadas el 16 de mayo ponía fin al estado de excepcionalidad II en los sistemas Ter-Llobregat y La Muga. Al fin, los ruegos del Conseller Baltasar ante la Virgen de Montserrat (El País, 6 abril 2008) y las plegarias del obispo de Barcelona en la celebración de San Jorge (El Pais, 24 abril 2008) habían sido graciosamente atendidos por la providencia, sacando de una situación muy apurada al Gobierno de la Generalitat, que ha vuelto a demostrar, una vez más, su imprevisión e incapacidad para satisfacer las necesidades más elementales de los ciudadanos.

Pasada la euforia del éxito electoral del 9M en Cataluña, el principal partido del Gobierno de la Generalitat registró una nueva sacudida sísmica. Todavía ondeaban las banderolas electorales del PSC en muchas ciudades de Barcelona con el rostro sonriente de su candidata al Congreso y el eslogan de campaña (“La Catalunya optimista”), cuando los ciudadanos nos enteramos de que ese optimismo era un mero montaje propagandístico, una pantalla creada para encubrir la grave situación que se nos venía encima, que no era precisamente el regreso del PP como decía otro eslogan de su campaña electoral. El Gobierno catalanista y de progreso de la Generalitat había impuesto la ley del silencio durante varios meses, desde noviembre de 2007 al menos, para no perjudicar sus perspectivas electorales el 9M, ocultando cuidadosamente que Cataluña entraría en estado de emergencia por sequía a partir del 16 de abril (El País, 8 de abril 2008) al preverse que las reservas se situarían ese día por debajo del 20 por ciento, umbral que separa la situación de emergencia de la de excepcionalidad II. (Véase, decretos 93/2005 de 17 de mayo, 187/2005 de 8 de septiembre y 207/2005 de 27 septiembre.)

España es un territorio donde, como sabemos, hay sequías prolongadas con cierta frecuencia. Ya en 2007 vivió Cataluña una situación parecida y el Gobierno de la Generalitat aprobó un decreto contra la sequía cuya vigencia fue prorrogada hasta diciembre de 2008 a causa de la falta de lluvias durante el pasado otoño. (Ecoperiódico, 16 noviembre 2007.) No cabe pues aducir sorpresa este año, y todas las Administraciones competentes, la Central, la Autonómica y las Locales, deberían haber trabajado coordinadamente desde hace muchos meses para anticiparse a lo que previsiblemente podía ocurrir y evitar tener que imponer restricciones al consumo de boca que, a buen seguro, hubieran provocado incomodidades severas a la población y cuantiosos perjuicios económicos a las empresas, especialmente a las orientadas al turísmo. Que la segunda concentración urbana más importante de España, Barcelona y sus alrededores, no tenga garantizada agua suficiente para satisfacer las necesidades de consumo de sus habitantes, pone de manifiesto la falta de planificación y coordinación de las administraciones públicas, situación agravada en este caso por las crecientes disputas sobre el reparto de competencias entre la Administración Central y la Generalitat.

En el caso que nos ocupa, la descoordinación entre las Administraciones resulta evidente. Hoy sabemos, por ejemplo, que el Gobierno Central ya propuso en 2004 al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, presidido entonces por el Sr. Maragall, la adquisición del agua sobrante del minitrasvase del Ebro realizado para abastecer Tarragona, una posibilidad que el Gobierno catalán rechazó de plano por razones inexplicables. Claro que para un hombre destinado a dejar su impronta histórica, el asegurar el abastecimiento de agua a Barcelona era una tarea nimia en comparación con la de elaborar el Proyecto de Estatut de Catalunya, un texto desleal por inconstitucional, cuya elaboración absorbió las escasas energías de la clase política catalana durante los tres años en que el Sr. Maragall presidió la Generalitat de Cataluña.

Y como ninguna iniciativa se adoptó entre 2004 y 2006, ni tampoco el año pasado a pesar de la fuerte sequía que se padeció en Cataluña, ni siquiera durante los tres primeros meses de 2008 cuando las imágenes mostraban la situación crítica de los embalses en el Principado, se llegó a la situación crítica en que nos encontramos tras las elecciones de marzo. Había que hacer “lo que fuera”, de prisa y corriendo, para garantizar el suministro de agua a 5 millones de ciudadanos amenazados por la sequía en el área metropolitana de Barcelona.

La primera iniciativa desvelada por el Sr. Baltasar, Conseller de Medio Ambiente de la Generalitat, (EL País, 25 de marzo) dos semanas después de las elecciones, proponía la realización de un trasvase desde la cabecera del Segre, enmascarado como “toma de agua puntual”. La propuesta provocó de inmediato un conflicto con el Gobierno Central porque el control del agua del Segre, un afluente del Ebro, es competencia del Gobierno de España, no de la Generalitat de Cataluña. Así se lo hizo saber (El País, 27 de marzo) al Sr. Baltasar la Sra. Narbona, Ministro en funciones de Medio Ambiente en ese momento, quién tras aclarar que no había recibido ninguna petición en ese sentido, mostraba su escaso entusiasmo por la idea: “un trasvase –dijo- es la última opción que contempla el Gobierno” La posición de la Sra. Narbona fue respaldada al día siguiente por la Sra. De la Vega, Vicepresidenta primera del Gobierno, que manifestó también su rotunda oposición al proyecto: “no hay, ni habrá trasvase”, una posición avalada días después por el mismísimo Presidente del Gobierno quién negó que el trasvase fuera la solución a la sequía.

Esperpénticas han sido una vez más las reacciones de toda la clase política catalana. En un primer momento, el Gobierno catalán acusó de desleal a la Sra. De la Vega. El PSC, con sus flamantes 25 diputados en la solapa, no terminaba de entender la oposición del Gobierno Central a su iniciativa y reclamaba soluciones a Madrid. El Sr. Montilla, en un ataque febril de españolidad, exigió al Gobierno soluciones recordando que “Cataluña también es España”, una declaración que a buen seguro produjo urticaria y sacó de sus casillas a sus socios de ERC en el Gobierno de la Generalitat. CiU, por boca de su Presidente el Honorable Sr. Pujol, acusaba al PSC, ERC e ICV-EUiA, si no de la sequía, sí de haber boicoteado los planes de su Gobierno para resolver el abastecimiento de agua. Como es hombre de prodigiosa memoria, habrá que achacar a su avanzada edad que hiciera extensiva la acusación a aquellas legislaturas en que el Sr. Pujol gobernó en Cataluña con mayoría absoluta.

Por su parte, el inefable Sr. Carod-Rovira, Vicepresidente de la Generalitat, a la vuelta de un viaje a Berlín donde había inaugurado la primera “embajada” de Cataluña, acusó al Gobierno Central y a CiU de hacer una “pinza” al gobierno catalán. ¡Qué lástima que en esta ocasión no pudieran los nacionalistas aunar sus quejas y echar la culpa del desaguisado a la Ministra de Fomento! ¡Con lo bien que se lo habrían pasado en el Parlament de Cataluña votando una nueva moción para exigir la destitución de una Ministra del Gobierno de España! Sin duda, la valoración más franca de todas es la que hizo el Sr. Puigcercós, Secretario General de ERC, un nacionalista de pura sangre, que afirmó sin pestañear: “hemos llegado tarde a la sequía.” Y es verdad. Igual que se llega tarde a una cita o a coger un tren o un avión, el Gobierno de Cataluña ha llegado tarde. Todo el mundo, incluidos los ciudadanos más despistados, conocía la precaria situación de los embalses. Y, ¿qué ha hecho entretanto el Gobierno presidido por el Sr. Montilla para resolver la situación? Nada, salvo prorrogar el decreto de sequía que prohíbe utilizar el agua potable para llenar piscinas, limpiar vías públicas y regar jardines.

Algún día tal vez, algún historiador independiente hará un recuento de las obras públicas realizadas por la Generalitat de Cataluña desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía en 1979. Quizás entonces nos demos cuenta de que lo único que han hecho los sucesivos gobiernos catalanes con gran eficacia ha sido, además de recaudar el impuesto gubernamental del 3 por ciento, oponerse a cualquier proyecto elaborado por el Gobierno Central –e incluso a los propuestos por la propia Generalitat- para realizar una nueva infraestructura, exigiendo cambiar una y otra vez el proyecto original para satisfacer los caprichos o intereses de los distintos partidos catalanes, dilatando la ejecución de la obra y encareciendo su coste. En la materia que nos ocupa, el decreto de emergencia 207/2005 en su artículo 21, enumera nada menos que once (11) tipos de obras y actuaciones urgentes, destinadas a mejorar la conectividad de las redes, generar nuevos recursos, reutilizar el agua, mejorar la eficiencia de las infraestructuras de regadío, etc. Sería interesante conocer qué iniciativas e inversiones, si alguna, adoptó la Generalitat desde septiembre de 2005 para afrontar la sequía. ¡Menos mal que con las plegarias han llegado las lluvias y las cigarras pueden volver a abandonarse a sus ensoñaciones independentistas bajo el tórrido sol mediterráneo!