REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

POR LA LIBERTAD, IGUALDAD Y SOLIDARIDAD
Y
LA REGENERACIÓN DE LA VIDA POLÍTICA

2. Los proyectos de Estatuto vasco y catalán presentados en esta legislatura constituyen el primer embate legal, cuidadosamente planificado y orquestado por los nacionalistas catalanes y vascos desde las instituciones propias de dos CCAA, contra la Constitución de 1978 que en los artículos 2 y 3 del Título Preliminar residencia la soberanía en “el pueblo español del que emanan los poderes del Estado” y establece “la indisoluble unidad de la Nación española y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”

3. El proyecto de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, aprobado el 30 de diciembre de 2004 en el Parlamento vasco por un margen de tan sólo 3 votos (39 a favor y 36 en contra) prestados por los representantes de la ilegalizada Batasuna, se sitúa en la más completa inconstitucionalidad cuando establece que “los territorios vascos … en el ejercicio del derecho a decidir libre y democráticamente … se constituyen en una Comunidad vasca libremente asociada al Estado español.” A pesar de la patente falta de consenso que concitaba incluso en el propio Parlamento vasco, el Sr. Ibarretxe no tuvo empacho alguno en presentar el proyecto al Congreso el 1 de febrero de 2005 donde, tras el preceptivo debate, fue rechazado por 313 diputados y apoyado únicamente por 29 diputados nacionalistas vascos (PNV y EA), navarros (Nafarroa Bai), catalanes (CiU y ERC) y gallegos (BNG).

4. El Proyecto de Estatuto para Cataluña, aprobado en el Parlament catalán con el voto favorable del 88,9 por ciento de los parlamentarios autonómicos, aunque utilice un lenguaje más oblicuo, también se sitúa fuera de nuestra constitución cuando “define las instituciones de la nación catalana y sus relaciones con los pueblos de España en un marco de libre solidaridad … compatible con el desarrollo de un estado plurinacional.” El texto que colmaba casi todas las aspiraciones de los independentistas catalanes en materia de competencias, blindajes de las mismas y autonomía financiera, fue aceptado a trámite, debatido y enmendado en el Congreso y, finalmente, aprobado el 30 de marzo de 2006 por una exigua mayoría de 189 diputados que representaban el 54 por ciento de la Cámara. El estrecho margen por el que fue aprobado el texto en el Congreso y el escaso interés mostrado por los ciudadanos residentes en Cataluña de acudir a las urnas a refrendarlo en referéndum, prueban la falta de consenso entre los españoles acerca del nuevo Estatuto de Cataluña.

5. Aunque el proyecto de Estatuto vasco haya sido rechazado y el proyecto de Estatuto catalán enmendado en el Congreso, la elaboración y tramitación de los dos proyectos han sembrado ya la fértil semilla de la discordia y amenazan con continuar debilitando las instituciones políticas y judiciales, a causa de los continuos conflictos jurisdiccionales que ya están aflorando y van a seguir aflorando en el futuro. Valga como botón de muestra, la reciente votación del Parlament de Cataluña el 20 de febrero de 2008 de una resolución para imponer un recurso contra la ley estatal de desarrollo rural por invadir competencias propias.

6. Por otra parte, lejos de aceptar la derrota, el Lehendakari ha vuelto a la carga y anunciado la convocatoria de un referéndum inconstitucional para el 25 de octubre 2008 con la hipócrita excusa de querer “pulsar la opinión del pueblo vasco” acerca de la autodeterminación, cuando en El País Vasco los ciudadanos ni siquiera pueden ejercitar las libertades fundamentales de opinión y asociación. En cuanto a la posición de los nacionalistas catalanes moderados, conviene recordar que, apenas unos días después de aprobarse el nuevo Estatuto catalán en el Congreso, sus portavoces más cualificados, el Sr. Mas y el Honorable Sr. Pujol, se apresuraron a aclarar que el Estatuto recién aprobado tendría una corta vida y reiteraron su apoyo al proyecto de Estatut aprobado por el Parlament pero rechazado en el Congreso por su manifiesta inconstitucionalidad. Que nadie tenga ninguna duda al respecto: en cuanto las circunstancias resulten propicias y sus votos decisivos para sacar adelante la investidura del nuevo Presidente de Gobierno o los próximos Presupuestos Generales del Estado, allí estarán los nacionalistas catalanes exigiendo nuevas competencias y transferencias, sin importarles lo más mínimo como afecta al resto de los españoles.

7. Si bien las estrategias seguidas son diferentes, el gradualismo convergente y el radicalismo del plan Ibarretxe persiguen exactamente el mismo objetivo: la independencia de sus respectivas CCAA. España no se rompe porque las instituciones no son jarrones de cristal, pero cuando éstas se deshilachan y compartimentan sin otro propósito que contentar la ambición de los jefes de cada tribu a cambio de unos votos, la noción de conjunto se desvanece, la sociedad se segmenta territorialmente en facciones recelosas unas de otras, las leyes estatales se ignoran y violan con toda impunidad, las políticas generales pierden eficacia, el clientelismo local propicia el derroche de recursos, los conflictos territoriales se multiplican y la vida política se judicializa hasta límites insoportables.

8. A la vista de lo ocurrido durante la pasada legislatura, ningún ciudadano español puede ya aceptar que hay nacionalistas moderados con los que se puede gobernar en sus CCAA o alcanzar pactos en el Congreso a cambio de seguir vaciando el Estado de competencias y recursos. Todo tiene un límite y ha llegado el momento de que los ciudadanos despertemos de un dulce letargo y empecemos a exigir responsabilidades a nuestros representantes políticos. No podemos continuar apoyando a ningún partido que gobierne en coalición con partidos nacionalistas que manifiestan abiertamente su objetivo de alcanzar la independencia de los territorios que consideran propios y de los que, naturalmente, nos excluyen. En particular, ningún ciudadano consciente debiera otorgar su confianza al PSC en Cataluña o a EB en El País Vasco que gobiernan en coalición con ERC o el PNV y EA. Pero tampoco al PSOE o al PP en ninguna circunscripción, si estos dos partidos no renuncian antes del 9 de marzo a pactar con los partidos nacionalistas, sean cuales sean los resultados electorales ese día. CiU ya ha manifestado que no pactará con el PP. ¿A qué espera el PP para hacer lo mismo? ¿Y el PSOE?

9. Más allá de la cita electoral del 9M, hay un trabajo ingente a realizar en estas y otras materias durante la próxima legislatura. Hay para empezar que recuperar los consensos básicos y el espíritu de concordia que hizo posible la transición política, el advenimiento de la democracia y la creación de las Autonomías, la integración en la CEE y la recuperación de la senda de prosperidad económica. Y por lo que hemos visto en las últimas legislaturas no podemos dejar en manos de los políticos profesionales esta tarea. Guiados por intereses partidistas miópicos y faltos de visión de conjunto e integridad moral en muchos casos, la inmensa mayoría de ellos lleva décadas viviendo confortablemente de nuestros impuestos y los negocios colaterales surgidos de su privilegiada posición, y están hoy más preocupados por alcanzar y retener el poder a toda costa que en desarrollar nuestras instituciones para conseguir una sociedad más libre, igualitaria, solidaria y próspera. Es a los ciudadanos de a pie a quiénes nos corresponde pues tomar en estos momentos la iniciativa política para poner sobre la mesa y ofrecer soluciones a las cuestiones que realmente nos preocupan –terrorismo, empleo, vivienda, inmigración, educación, sanidad, pensiones, seguridad y justicia, etc.-, para detener la fragmentación territorial y la descomposición institucional propiciada desde posiciones xenófobas por el nacionalismo rampante que amenaza ahora ya abiertamente con la secesión, y, en fin, para acabar con una casta política que se ha acostumbrado a vivir a todo tren de los presupuestos públicos y a aprovecharse de su posición privilegiada en las instituciones en beneficio propio, de su familia o su partido.

10. Resulta urgente elaborar durante los próximos meses un ambicioso programa de transformación política y social que nos devuelva la ilusión a los ciudadanos y nos convenza de que las cosas, también en política, se pueden hacer de otra manera, si somos capaces de organizarnos. Podemos, los ciudadanos, llevar a las instituciones democráticas –al Congreso, a los Parlamentos y Asambleas autonómicas y a los Municipios-, a otros ciudadanos que por sus conocimientos, acreditada solvencia y contrastada integridad moral estén dispuestos a dedicar unos años de su vida a resolver los problemas políticos, sociales y económicos de los españoles, sabiendo que, finalizado su mandato, regresarán a su vida profesional, satisfechos por la labor realizada, pero “ligeros de equipaje, como los hijos de la mar”.

CIUDADANOS, UNÍOS