Clemente Polo
04 febrero 2008
Han sido los últimos meses tiempo de dramática zozobra para los familiares de las víctimas del accidente del Yak-42, pero, al fin, tras casi cinco años de espera interminable, ha llegado de la Audiencia Nacional una buena noticia que abre un rayo de esperanza en un horizonte cargado todavía con negros nubarrones.
La buena nueva es que el recurso interpuesto por el fiscal Fernando Burgos (El País, 27 noviembre 2007) contra el archivo de la causa abierta por falsedad en la identificación de 30 de los 62 cadáveres de los militares que fallecieron en Trebisonda el 26 de mayo de 2003, dictado por el juez Fernando Grande-Marlaska (El País, 23 de noviembre 2007), ha logrado su objetivo y el juez se ha visto obligado a reabrir la causa (El País 25 enero 2008) y llamar a declarar al Sr. Federico Trillo-Figueroa, entonces Ministro de Defensa, y al Sr. José Bono, su sucesor en el cargo.
Un pequeño triunfo de las familias de las víctimas que habían recurrido el auto de archivo del juez Grande-Marlaska y exigido la intervención del Ministerio de Defensa, pues como apuntó su portavoz el Sr. Pacho González, los militares españoles “no murieron por ser nuestros parientes, sino por ser militares y el trato que se les dio antes y después de su muerte, falto de la más mínima dignidad y del respeto que todo ser humano merece, no es sólo una afrenta para nosotros sino para todas las Fuerzas Armadas y la sociedad española, a las que representaban.” (El País, 25 noviembre 2007.)
La decisión del juez de reabrir el caso se ha producido cuatro días después de que la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional difundiera “un auto en el que anula la decisión que adoptó dicho juez el pasado 20 de junio por el que archivaba el caso Yak-42”. El auto da la razón a las familias, califica la decisión del juez de archivar el caso ”desacertada en su motivación, al precipitarse en acordar el sobreseimiento libre, con las nefastas consecuencias que hubiera tenido para la causa de no haberse interpuesto los preceptivos recursos”, y le recuerda que ya la Sala había ordenado en 2004 a la juez de instrucción Teresa Palacios que “depurase las responsabilidades de los miembros del Ministerio de Defensa que debieran haber controlado e inspeccionado las condiciones del avión o sus tripulantes” y “que esta obligación era irrenunciable.”
Lo ocurrido tras el trágico accidente, la falsificación de las actas de defunción y necropsias de los militares fallecidos, constituye como los familiares han manifestado repetidamente, uno de los episodios más negros y vergonzantes para las Fuerzas Armadas y para el conjunto de la sociedad en la corta historia de nuestra democracia. ¿Cómo pudo atreverse el “general de Sanidad Vicente Navarro responsable del equipo médico enviado a Turquía” a enviar una carta al Sr. Francisco Cardona, padre de uno de los militares fallecidos “en la que le informaba de que el cuerpo de su hijo había sido uno de los primero y más fácilmente identificados”, cuando hoy “sabemos que el cadáver de su hijo, totalmente desfigurado nunca se llegó a identificar”? ¡Da miedo pensar que un juez haya podido siquiera pensar en archivar este caso, sin dilucidar las gravísimas responsabilidades derivadas del comportamiento irresponsable y deshonroso de algunos altos responsables de Defensa!
Dos sospechas terribles siguen sobrevolando sobre los restos humanos y los cascotes del Yak-42 en Trebisonda. La primera, que el Ministerio de Defensa no adoptara ninguna medida tras haber recibido 14 quejas formuladas por los militares sobre las malas condiciones de los vuelos realizados con anterioridad al siniestro. La segunda, que “el Ministerio de Defensa pagara 140.000 euros por un vuelo que sólo costaba 39.000.” Los familiares, desde luego, pero también todos los ciudadanos españoles, queremos que los tribunales esclarezcan lo sucedido, a saber, si el Ministerio de Defensa transportó a los militares que arriesgaban sus vidas en Afganistán en aviones inseguros desembolsando sumas muy superiores al coste real de los vuelos, y determinen las responsabilidades en que, por omisión o comisión, hayan podido contraer los entonces responsables del Ministerio de Defensa.
Hay, no obstante, serias dudas de que el sistema judicial vaya a dar satisfacción a los familiares de las víctimas y a los avergonzados ciudadanos, entre los que me cuento, pues si bien el caso se ha reabierto, “fuentes jurídicas temen, sin embargo, que sea demasiado tarde. El próximo 26 de mayo se cumplirán 5 años de la catástrofe y podría prescribir la responsabilidad” de quiénes no hayan sido acusados antes de esa fecha.” Si efectivamente los delitos llegaran a prescribir, otra sospecha, incluso de más envergadura, planearía en este caso sobre el juez Grande-Marlaska, que podría haber ordenado el archivo de la causa el pasado junio con el propósito de dilatar el proceso para que los delitos prescriban.
De momento, el Sr. Trillo-Figueroa continúa, a pesar de todas las dudas sobre su actuación en el caso, activo en política y encabeza de nuevo la lista del PP al Congreso por Alicante en las elecciones generales del 9 de marzo, circunstancia que le asegura un escaño en el Congreso y mantener la condición de aforado. Por lo pronto, el Sr. Trillo-Figueroa ya ha indicado que se acoge al privilegio de testificar por escrito ante la Audiencia Nacional y evitar que los abogados de las familias de las víctimas puedan pedirle aclaraciones. Después de tanta mano en el pecho y desplegar de banderas, resulta una afrenta verle ahora disponer la bandera a modo de cortina para ocultar con ella sus propias miserias. Pero, me pregunto, si el PP mantiene a estas alturas al Sr. Trillo-Figueroa en primera fila de la política, pese a lo gravedad de lo ocurrido en Trebisonda, ¿quién será el último responsable, el Sr. X, en esta trágica historia de trapisondistas?